El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ha acordado citar como investigado para el 19 de febrero al alcalde de San Juan de Aznalfarache, Fernando Zamora, en el marco de las diligencias incoadas por presuntos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos con relación al convenio firmado con la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía, para que dicha entidad se encargase de la gestión de la moneda social ‘Ossetana’.
En una providencia fechada el pasado 3 de febrero dicha instancia judicial cita como «investigado» a Zamora, «para con instrucción de sus derechos, darle traslado de la denuncia y documentación aportada, así como señalar nuevo día y hora para prestar declaración».
Como consecuencia de un informe emitido por los habilitados nacionales del Ayuntamiento de San Juan sobre dicho convenio, mediante el que la Asamblea de Cooperación por la Paz en Andalucía ha estado gestionando la moneda social ‘Ossetana’ promovida por el Consistorio, el Ayuntamiento abordó el asunto en dos sesiones de su junta de portavoces y celebró un pleno monográfico sobre el mismo asunto.
Dicho instrumento de apoyo social, según informaba el Ayuntamiento, ha contado desde su creación en 2014 con unos 213.000 euros aportados por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía o La Caixa, para ayudar a vecinos del municipio en situación de vulnerabilidad a adquirir productos básicos de primera necesidad.
El informe de los habilitados nacionales
Al respecto, mientras el Gobierno local del PSOE aseguraba entonces que «ni un solo euro de los presupuestados para el programa de la moneda ‘Ossetana’ ha sido destinado a usos ajenos al interés general y siempre se han otorgado las prestaciones según informe previo de los servicios sociales«, los denunciantes aseguran que el mencionado informe de los habilitados nacionales «pone de manifiesto que no existe expediente alguno sobre el programa de moneda Ossetana», produciéndose «una articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal».
Fruto de ello, según los denunciantes, «el programa de la moneda social ‘Ossetana’ no está reglado» y está basado en un reconocimiento de obligaciones o ejecución del gasto que «puede conllevar ilícitos penales».
A juicio del partido, se trata de una «actuación arbitraria de la administración municipal actuando de facto y al margen de los parámetros constitucionales», pues «no hay un reglamento u ordenanza alguna en la que se recojan con claridad y de forma conocida por todos los criterios que se utilizan desde los servicios sociales para designar los beneficiarios de las ayudas» de la moneda social.
«Nos encontramos un intencionado y grave atentado personal con vulneración y clara dejadez de funciones, con una clara omisión de trámites esenciales en el procedimiento», expone Vox.
Es más, según el partido, «hay muchos gastos que no se corresponden con la finalidad de la moneda ‘Ossetana’, correspondiendo a gastos en bares y verbenas», así como compras «que no se corresponden con alimentos de primera necesidad, tales como botellas de bebidas alcohólicas», e incluso «parece ser que algunos beneficiarios de esta moneda no son vecinos del municipio de San Juan de Aznalfarache».