Los tres miembros de UGT promotores de la denuncia del caso de un funcionario de la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos que habría cobrado «indebidamente» unos 240.000 euros en los últimos diez años, una causa en la que figuran como investigados varios responsables de dicha entidad y tres exalcaldes socialistas por su papel como antiguos presidentes de la misma, han ratificado este viernes su denuncia ante el Juzgado mixto número cuatro de Sanlúcar la Mayor.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que merced a la citación judicial, los tres denunciantes han ratificado el contenido de su denuncia, afrontando no pocas preguntas por parte de los abogados de los miembros de la Mancomunidad objeto de la denuncia, en especial de los letrados de unos de los gerentes y del trabajador en cuya retribución radica el asunto, otrora «líder» de CCOO en la entidad, según los denunciantes.
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Cabe tener en cuenta que el Juzgado número uno de Sanlúcar la Mayor, de su lado, había incoado ya diligencias previas en torno a una denuncia de UGT por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, apropiación indebida, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios y prevaricación administrativa en la Mancomunidad del Guadalquivir de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos.
El destino de los camiones
En concreto, UGT ha denunciado la «práctica habitual de la Mancomunidad durante al menos los diez últimos años de la omisión deliberada del correspondiente procedimiento de licitación pública, vendiendo de manera directa los recursos y efectos públicos (camiones de la entidad) a un desguace que no es en modo alguno el adjudicatario de dicho servicio».
En ese sentido, los denunciantes sospechan de que «el dinero público obtenido en la venta de estos recursos haya sido apropiado indebidamente por algún o algunos integrantes de la Administración».
En paralelo, esta causa deriva de otra denuncia de la sección de UGT en la Mancomunidad del Guadalquivir, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. La denuncia, recogida por Europa Press, se dirige contra los expresidentes de la mancomunidad y exalcaldes socialistas Julio Álvarez González; José de la Rosa Solís y Rafael Moreno, así como contra Jorge R.C. y Juan Ramón G.S.M. como gerentes, Fernando D.D. como jefe del gabinete jurídico de la entidad; Antonio R.F. como economista y Domingo G.M. como «trabajador beneficiado por los presuntos delitos denunciados».
El informe del secretario
Según la denuncia, este trabajador, «desde hace más de diez años» viene cobrando «emolumentos salariales indebidos» por parte de la Mancomunidad, esgrimiendo un informe del secretario de la entidad emitido en abril de este año, según el cual Domingo G.M., funcionario con categoría de conductor de recogida en el Ayuntamiento de Bormujos e incorporado a la Mancomunidad en tal condición, habría acabado «desempeñando funciones propias de inspector de servicios» y «ha podido cobrar indebidamente» unos 240.000 euros en los últimos diez años.
Y es que según el informe del secretario, este funcionario «ha desempeñado, aun careciendo de título habilitante, funciones de categoría superior y debe cobrar por ello» para que no se incurra en un «enriquecimiento injusto» en favor de la administración. No obstante, el secretario señala en su informe el necesario «cese» de este funcionario en las funciones de inspector de servicios de la Mancomunidad al no reunir «los requisitos académicos precisos» para ello.
En su informe, el secretario de la Mancomunidad señala la «gravedad de los hechos» porque podrían constituir un «supuesto de responsabilidad contable», anunciando una auditoría sobre el asunto.