El Partido Popular de Espartinas ha pedido ayer explicaciones al «gobierno socialcomunista» de Espartinas por la «adjudicación de dos contratos ‘a dedo’ por un total de 26.015 euros» al exalcalde de Pilas, Jesús M. Sánchez, y al concejal del PSOE de Fuengirola, David Álvarez Castillo.
Así lo ha asegurado la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Espartinas Helena Romero, al señalar que «el 21 de noviembre del año pasado, la alcaldesa presentó la Memoria para la adjudicación de un contrato menor de servicios para la elaboración del Plan Estratégico de Espartinas 2020-2030, un contrato que fue adjudicado en menos de un mes y de manera directa a Jesús M. Sánchez González, por un importe de 16.940 euros y plazo de ejecución de dos meses».
«Lo llamativo de esta adjudicación lo encontramos cuando hemos descubierto que el adjudicatario de este contrato es, casualmente, el exalcalde socialista de Pilas Ex Delegado de Fomento de la Junta de Andalucía con gobierno PSOE. El mismo que siendo Delegado de Fomento paralizó las demandas de Espartinas en cuanto a la eliminación del semáforo de Gines», ha señalado la portavoz.
Romero asegura que «a pesar del perjuicio que supuso su gestión para el municipio, ahora el gobierno de PSOE e IU han considerado paradójicamente que se trata del mejor adjudicatario para elaborar un plan estratégico para solucionar la movilidad«.
El Ayuntamiento alude al «criterio técnico» y niega influencia política
En respuesta a las declaraciones de la portavoz popular, el Gobierno municipal niega peso político en la adjudicación y remite en su lugar al «criterio técnico».
En declaraciones a Europa Press, el Consistorio ha defendido que le gustaría «tener capacidad» y «medios propios» con los que realizar el Plan Estratégico del Ayuntamiento o el Plan de Movilidad, pero que «tras el desmantelamiento de la administración en 2012 por el PP», el Ayuntamiento carece de la «capacidad técnica y humana» para acometerlo.
El Gobierno local rechaza así las acusaciones, que considera «lamentables», y señala que la portavoz popular «ha tenido acceso a los expedientes en los que se han producido estas contrataciones, y que siguen al pie de la letra la legalidad vigente» en lo que a la contratación se refiere.
Así, las licitaciones se realizan sin tener en cuenta «la ideología política, religiosa o de cualquier otro tipo» de las empresas, sino que los concursos se realizan basándose en «criterios técnicos y valoraciones económicas», insiste el Gobierno.