La Audiencia de Sevilla celebrará este miércoles y jueves el juicio contra el exalcalde de Espartinas, Domingo Salado; el exgerente de la empresa municipal Espartinas Desarrollo Local SA (Esdelsa), Juan Antonio Torrecillas; y la esposa de este último, por presunta prevaricación en la adjudicación de contratos municipales a la empresa Da Fra Espartinas, administrada por la esposa de Torrecillas.
Domingo Salado dejó el PP en 2018 por desacuerdos con la candidatura de María Elena Romero a la Alcaldía. Luego, fundó un partido independiente y en 2023 firmó un acuerdo con el PP para apoyar a Romero, la actual portavoz municipal del partido.
Según la Fiscalía, en diciembre de 2006, Torrecillas y su esposa, F.R., crearon la empresa Da Francesca Ruggiero para explotar negocios de hostelería. En febrero de 2011, el pleno del Ayuntamiento de Espartinas, con Salado como alcalde, aprobó la contratación de una empresa externa para gestionar el restaurante del parque del Sol. Apenas una semana después, la esposa de Torrecillas fundó Da Fra Espartinas, con el mismo objetivo de explotación hostelera.
En agosto de 2011, el Ayuntamiento de Espartinas, con mayoría absoluta del PP, adjudicó a Da Fra la explotación del restaurante del parque del Sol, con un canon anual de 28.000 euros. La Fiscalía sostiene que los acusados planearon adjudicar también el mantenimiento del parque a Da Fra, a pesar de que esa tarea ya estaba asignada a Espartinas Global, gestionada por Torrecillas.
El Ministerio Público argumenta que el Ayuntamiento pagaría a Da Fra por el mantenimiento del parque un monto similar al canon que la empresa debía pagar por la concesión del restaurante. En febrero de 2012, Salado aprobó la contratación de estos servicios, invitando a Da Fra y a dos empresas más, que según la Fiscalía, no tenían intención real de competir, sino que fueron incluidas para dar apariencia de legalidad al proceso.
La Fiscalía también señala que Torrecillas y su esposa habrían falsificado documentos de una de estas empresas ficticias. Finalmente, Da Fra fue la única empresa que presentó una oferta y, aunque el secretario general del Ayuntamiento advirtió sobre irregularidades en la documentación de Da Fra, Salado continuó con la adjudicación y formalizó el contrato en abril de 2012 por 27.140 euros anuales.
En mayo de 2014, un informe del Ayuntamiento reflejó que Da Fra no había pagado el canon del restaurante. A pesar de esto, Salado prorrogó el contrato de mantenimiento del parque a favor de Da Fra, a pesar de la oposición de la interventora municipal.
La Fiscalía acusa a los implicados de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, y pide ocho años de inhabilitación para Salado y los otros dos acusados, así como cuatro años de prisión y multas que suman 37.700 euros.