Este martes una familia de Coria del Río afectada por los episodios de hedor de la barriada Guadalquivir, ha interpuesto una reclamación la supuesta falta de «seguimiento» sanitario a sus hijos menores de edad ante la Junta de Andalucía, pese a que las pruebas a las que fueron sometidos en 2019 reflejaron concentraciones de acetona y N-hexano en su sangre. El caso está siendo investigado por el Juzgado número tres de dicho municipio por un presunto delito contra el medio ambiente con afección grave a la salud de las personas.
Mientras en la mencionada investigación judicial están investigados entre otros los responsables de la empresa Zamarilla Inversiones, empresa gestora de una gasolinera donde habría sido detectado un vertido de hidrocarburos origen de la incidencia, en la citada reclamación, formalizada el pasado viernes y recogida por Europa Press, una vecina de la citada barriada explica que cuenta con dos hijos menores de edad que en 2019 fueron sometidos a los «análisis de toxicología» realizados entonces a parte de la población de la zona a cuenta de los episodios de hedor.
Los resultados de tales pruebas, según detalla esta mujer en la queja, arrojaron resultado positivo para «ambos» en acetona y N-hexano, un disolvente orgánico con «acción tóxica», según reflejaba tiempo atrás un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla. Ello, cuando según esta vecina, desde 2017 los menores «no han parado de sufrir episodios de dolores de cabeza, fatiga» y «mareos».
Según la reclamante, pese al resultado de las mencionadas pruebas de 2019, la Administración sanitaria «no se ha preocupado de hacer ninguna prueba ni seguimiento» adicional a los menores. «Cada vez que he llevado a los niños al médico con dolores continuos de cabeza y fatiga les han mandado Ibuprofeno y Paracetamol, pero nada más», lamenta la mujer, señalando que el hospital al que ha elevado el asunto «deriva» el mismo al pediatra del centro de salud al que están adscritos los menores, que tampoco «se ha puesto en contacto» con ella para avanzar en el asunto.Es por ello que en su reclamación, la mujer reclama una entrevista con la directora del citado centro de salud o con la máxima responsable Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte.
El origen de las «fugas»
Cabe recordar que cuando el pasado 16 de octubre de 2020 prestaron declaración como investigados los administradores y el gerente de la mencionada gasolinera, los mismos habrían negado que la instalación, gestionada por Zamarrilla Inversiones, sufriese «fugas» en sus depósitos de combustible o cualquier «vertido» de sustancias contaminantes, alegando que en 2019 fue implantado en el recinto un sistema de prevención de filtraciones desde los depósitos al subsuelo. Además, habrían expuesto que el recinto cuenta con una «barrera hidráulica».
Así, los tres investigados habrían negado ante el juzgado que los episodios de contaminación y hedores investigados por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por residentes de la barriada Guadalquivir, deriven de la actividad de la gasolinera, aludiendo a una «contaminación histórica» en la zona, cuyo origen estaría pendiente de esclarecer aún, según su tesis.
En la actuaciones realizadas, en cualquier caso, se ha detectado la presencia de compuestos orgánicos volátiles (COV) derivados de hidrocarburos, así como Sulfato de Dimetilo, muy tóxico por inhalación, según la Guardia Civil. Los agentes del Seprona detectaron igualmente en las proximidades de la gasolinera intervenida la presencia de un vertido de hidrocarburos.
Escapes o vertidos
Según los técnicos, como consecuencia de los escapes o vertidos contaminantes de hidrocarburos tipo gasolina, gasoil y aceites minerales, se ha producido un daño sustancial a la calidad del suelo en el entorno de la gasolinera. Dicha contaminación «ha dado lugar a un daño sustancial a la calidad de las aguas subterráneas y, por los flujos de descarga de los acuíferos y su cercanía al cauce, se produce una situación de grave perjuicio para el estuario del Guadalquivir, así como un riesgo importante de grave perjuicio a la salud de las personas» de la zona, según la Benemérita.
Para confirmar tal extremo, la Guardia Civil inspeccionó la gasolinera junto con inspectores del Servicio de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, tanto física como documentalmente, comprobándose que existían anomalías en forma de fuga en el depósito de gasolina SP/95, según el Instituto Armado