Los habitantes del barrio Guadalquivir en Coria siguen preocupados por la contaminación causada por una fuga de hidrocarburos de una gasolinera cercana. A pesar de que en marzo de 2023 la Junta de Andalucía anunció un nuevo estudio sobre el problema, los afectados han denunciado que, hasta la fecha, no han recibido ninguna información concreta al respecto. Tampoco se ha materializado la creación de un grupo de trabajo para abordar la situación, a pesar de ser aprobado por el Parlamento de Andalucía.
Rogelia Gómez, portavoz de los vecinos, expresó que no hay avances visibles en el estudio prometido por las consejerías de Salud y Política Industrial. Además, recordó que en febrero de 2024 se aprobó la creación de un grupo de trabajo con varias instituciones involucradas, pero este grupo aún no se ha formado.
Gómez también mencionó que las autoridades habían previsto cerrar en abril de 2024 un expediente relacionado con los esfuerzos de descontaminación iniciados por la gasolinera en marzo de 2022. Sin embargo, todavía no se sabe qué ha sucedido con ese expediente.
Sentencia del TSJA
Por otro lado, la comunidad también espera conocer los resultados de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta sentencia obliga al Ayuntamiento de Coria del Río a declarar nuevamente los terrenos de la gasolinera como contaminados y a resolver un procedimiento archivado. Aunque el TSJA reconoció la existencia de contaminantes en los terrenos y su impacto en las viviendas cercanas, no ordenó el realojo de los vecinos ni medidas disciplinarias contra empleados públicos, decisiones que los vecinos han decidido recurrir.
Un informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de junio de 2020 ya había señalado graves daños en la calidad del suelo y las aguas subterráneas de la zona, con riesgos significativos para la salud de los residentes. Además, en muestras de sangre de algunos vecinos se encontraron sustancias tóxicas, lo que evidencia el impacto en su salud.
A pesar de estos informes y decisiones judiciales, la situación sigue sin resolverse, y los vecinos continúan viviendo en lo que consideran «cámaras de gas» debido a la persistente contaminación.