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Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río, afectados por la contaminación derivada de una fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L., se califican como «olvidados» en la conformación de la mesa de trabajo promovida por la Consejería de Sostenibilidad. Rogelia Gómez, portavoz del colectivo, ha manifestado que en dicha mesa de trabajo, la Junta «olvida» contar con «los principales» actores en el asunto: los «vecinos afectados».
Rogelia Gómez también critica el tiempo transcurrido desde el acuerdo en el Parlamento andaluz en febrero de 2024 y el anuncio ahora de la primera reunión de dicha mesa de trabajo. «Hemos perdido un año y el tiempo corre aquí en contra de los afectados», ha lamentado. Todo ello, en un marco en el que pesa el informe emitido por la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado el pasado 13 de diciembre, sobre el «foco contaminante» de la gasolinera.
Dicho informe técnico, según expone la fiscal de Medio Ambiente de Sevilla al juzgado instructor del caso de la contaminación de Coria, «confirma el peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas». Con esto, «se ha producido un peligro global de grave afección, con afección constatada en algunos elementos, al conjunto del sistema natural atacado», que conforman «aguas, suelos y salud de los habitantes».
El aviso de la Fiscalía
Entre las conclusiones del informe de diciembre de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado figuran aspectos como que «se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio».
En el asunto de la contaminación de Coria pesa además un informe del Servicio de Calidad del Suelo de la Dirección General de Sostenibilidad Ambiental de la Junta, sobre la documentación presentada por la empresa Zamarrilla Inversiones sobre su proyecto de recuperación voluntaria del suelo en su gasolinera, foco del conocido episodio de contaminación. En este sentido, el informe expone que aún pesan «elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación».
El informe sobre la situación de los terrenos
En el citado informe del Servicio de Calidad del Suelo se detalla que la documentación aportada por la empresa de la estación de servicio deriva del «seguimiento del proyecto de recuperación voluntaria realizado por la entidad Inerco, Inspección y Control», señalando que tanto Zamarrilla como Inerco consideran esta documentación como «el informe final del proyecto» de descontaminación.
Tras analizar el asunto, el área de Calidad del Suelo expone que «las elevadas concentraciones de contaminantes en las aguas no permiten la certificación de la descontaminación». Además, «no existen evidencias de que la técnica de remediación empleada se agote, más bien todo lo contrario dadas las concentraciones de contaminantes existentes en las aguas y la efectividad que muestran los análisis de efluentes a la entrada y salida del sistema de recuperación».
En este sentido, este departamento de la Junta señala que «procede la ampliación del proyecto de recuperación» voluntaria del suelo de cara a su descontaminación, citados los afectados para el 10 de marzo por la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente para abordar este documento. Sobre el asunto pesa también la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del litigio contencioso de los vecinos, declarada firme a finales de febrero de 2024.
La sentencia del TSJA
En dicha sentencia, el TSJA ordena al Ayuntamiento de Coria del Río que reactive la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados y resuelva dicho procedimiento que había archivado. El tribunal considera «inequívoca la existencia de contaminantes en los terrenos, con una clara afectación a las viviendas de los vecinos», ordenando al Ayuntamiento la citada medida de reimpulsar la declaración de los suelos de la gasolinera como terrenos contaminados. Aún así, no acceden a ordenar el plan de «realojo» pedido por los vecinos ni a mandar actuaciones disciplinarias sobre empleados públicos ni a las pretensiones vecinales en materia de indemnizaciones, lo que el colectivo decidió recurrir.