- La Fiscalía confirma el «peligro» del agua contaminada por una gasolinera en Coria
- El TSJA ordena reactivar la declaración de los suelos de la gasolinera de Coria como contaminados
La Dirección General de Salud Pública de la Junta de Andalucía ha remitido al Juzgado número tres de Coria del Río un estudio de 2022 demandado por los afectados de la fuga de hidrocarburos de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L.. Dicho informe resulta ser una «revisión de historias clínicas de casos» de vecinos relacionados con el asunto en Coria.
Este informe detalla que la población de estudio es «aquella que acudió a solicitar asistencia sanitaria a los centros de salud de la Unidad de Gestión Clínica de Coria del Río en el último trimestre de 2017 e incluida en el informe epidemiológico» de diciembre de ese año, con el aviso de que «el problema ambiental parece haberse producido varios años antes de la declaración de la alerta sanitaria en octubre de 2017».
Entre las conclusiones del informe, afirman que se han «revisado el 80 por ciento de las historias clínicas de los casos de la población de estudio», detallando que «los síntomas evidenciados, ya identificados en 2017, son de tipo general, como cefaleas, astenia, malestar, náuseas, mareos, vómitos, diarrea o tos, en general con carácter leve» pero «pudiendo ocasionar malestar físico, psíquico y emocional», señalando que algunos pacientes percibían ya «riesgo para su salud».
«No se evidencia que el aumento de consultas por síntomas relacionados con la exposición a tóxicos en el último trimestre de 2017 se haya mantenido los años posteriores», indica el informe, precisando en paralelo que «no han desaparecido las consultas» por esta situación.
«No es el informe epidemiológico que se esperaba»
Rogelia Gómez, portavoz del colectivo de vecinos afectados, ha avisado de que este informe «no es el informe epidemiológico que se esperaba», lamentando en ese sentido que el documento no sea concluyente.
Recientemente, la Fiscalía de Sevilla elevaba un escrito al Juzgado número tres de Coria, basado en un informe previo de la Unidad Técnica de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado avisando del «peligro de daño sustancial para la calidad de las aguas superficiales y un daño constatado en las aguas subterráneas, suelos y salud de las personas» en la barriada Guadalquivir, por la contaminación derivada de la gasolinera de Zamarrilla Inversiones S.L.
El informe de la unidad técnica de medio ambiente
Entre las conclusiones del informe figuran aspectos como que «se ha producido un riesgo de daño sustancial para la salud de las personas, con afección demostrada a los residentes de la barriada, debido a la presencia de compuestos orgánicos en sus domicilios que no deberían estar de manera natural y que coinciden con los productos contaminantes encontrados en los suelos y aguas subterráneas en el entorno de la estación de servicio». Siempre, «como consecuencia de los vertidos producidos desde los tanques enterrados de la estación de servicio, que contenían hidrocarburos del tipo gasolina, gasoil y aceites minerales que se encontraban en mal estado», según este informe.
En este sentido, la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla pide al Juzgado número tres de Coria aspectos como «la cuantificación económica de los daños a las aguas subterráneas y suelos a los solos efectos del cálculo de la responsabilidad civil, puesto que la valoración penal de la conducta y sus consecuencias medioambientales ya se efectuaron en los diferentes informes».
Las declaraciones de la consejera sobre el informe de Coria
La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández explicaba que el citado estudio epidemiológico se remitió al Juzgado, así como que acometieron una «revisión retrospectiva» de la situación sanitaria de estas personas, un refuerzo de las urgencias de atención primaria en Coria, con una consulta «específica» para estos vecinos y «múltiples reuniones con expertos» de diversa índole.
Hernández añade que en noviembre que no le constaba «relación causal» entre la situación sanitaria de los vecinos y la contaminación derivada de la fuga de hidrocarburos de la gasolinera, porque no habían sido detectadas «afecciones crónicas en la población» ni «tampoco se sabe a qué componentes químicos han estado expuestos», según indicaba entonces.
Además, incide en el desconocimiento de los resultados de las pruebas analíticas del Instituto de Toxicología a «121» de los vecinos, «porque el proceso está judicializado» por la vía Penal. Sin embargo, mostraba su compromiso de seguir trabajando y «a disposición» del colectivo y los tribunales.