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La Guardia Civil, en el marco de la operación ‘Macana’, ha detenido a dos personas e investigado a otras seis, la mayoría de ellos menores de edad, pertenecientes a la banda juvenil violenta Blood, por su presunta participación en los delitos de pertenencia a organización criminal, amenazas, coacciones y lesiones, así como la inducción a la comisión de delitos contra las personas, contra el patrimonio y contra la salud pública.
Se han practicado dos registros domiciliarios interviniéndose armas blancas, vestimenta, simbología y documentación directamente relacionada con la banda, objetos de procedencia ilícita y diverso material informático, entre otros efectos, según el desglose ofrecido por el Instituto Armado en una nota de prensa.
La operación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de una serie de agresiones y enfrentamientos violentos protagonizadas por jóvenes y menores de edad bajo el pretexto de su pertenencia a bandas rivales. Estas reyertas eran iniciadas principalmente por parte de los integrantes de la banda denominada Blood.
En su mayoría, las peleas transcurrían durante la celebración de distintos eventos lúdicos, tanto en localidades de la comarca del Aljarafe como en la Feria de Sevilla, utilizando para su comisión armas blancas como navajas, punzones u objetos cortantes con gran capacidad lesiva.
Captación de miembros
El líder de este bloque, ubicado en la provincia sevillana, viajaba con frecuencia a Madrid donde «interactuaba con los máximos líderes de la organización». Este miembro de la banda, una vez asentado en la capital andaluza, habría recibido el encargo por parte de sus líderes de constituir un nuevo bloque en la provincia sevillana con la misión de captar nuevos miembros para la misma y crear toda una estructura.
Fijaban como objetivo la captación de adolescentes que fueran fácilmente manipulables y en situaciones de vulnerabilidad. Para ello, lo realizaban principalmente en centros escolares e institutos y lugares de reunión para jóvenes como centros deportivos o parques y a través de redes sociales.
Para el ingreso en la banda, se exigía a los aspirantes superar determinadas pruebas previamente establecidas por sus dirigentes, entre las que se destacaban agresiones a otros adolescentes, recibir castigos físicos como muestra de compromiso o la realización de otro tipo encargos delictivos como hurtos o robos con violencia o fuerza en las cosas para obtener un beneficio económico para la financiación de la banda.
Juramentados
A estas tareas se les suele denominar ‘misiones’ y mediante su cumplimiento, los miembros captados pasaban de tener una condición de aspirantes a ser considerados como miembros «juramentados». Para ello, debían demostrar su capacidad inicial para llevar a cabo acciones delictivas en beneficio de la banda. Asimismo, otra de las pruebas exigidas en este bloque sería la rotura de los nudillos de la mano mediante golpes a la pared y con un calcetín lleno de piedras
Una vez pasadas las pruebas, le asignaban al nuevo miembro una posición concreta en la organización. Su estructura jerárquica y piramidal, implantaba una rigurosa normativa interna con un código de conducta, vestimenta y disciplina. En caso de determinar un incumplimiento de dicha normativa o de las directrices de un miembro posicionado en un nivel superior, los miembros debían exponerse a castigos físicos ya definidos.
Además, también se tenían establecidos «castigos más severos» ante el incumplimiento de las órdenes dadas por la cúpula, las cuales se efectuaban de manera piramidal desde Madrid a los cabecillas en Sevilla, y de estos a sus subordinados a través de redes sociales y plataformas de mensajería.
Por otro lado, en línea con la naturaleza de este tipo de grupos violentos de carácter juvenil, el abandono voluntario era sumamente penado por la banda, amenazando la integridad personal del «desertor» y de sus familiares más directos, a través de amenazas de muerte, llegando a apedrear domicilios e incluso disparar a un ex miembro con un arma de aire comprimido.
Se forzaba al menudeo de drogas
Una vez que ingresan en la banda, resulta «muy complicado» abandonar el grupo sin el consentimiento del líder, e incluso en las normas internas se establece la muerte como única posibilidad de conseguirlo. Para autofinanciarse además del pago de cuotas obligatorias, se forzaba a los subordinados al menudeo de drogas, destacando el hecho de que numerosos menores tuvieran la obligación de obtener dinero a través del tráfico de drogas a pequeña escala, robos y hurtos para satisfacer las necesidades del grupo.
La actividad de este bloque era muy alta en redes sociales, siendo utilizadas para dar instrucciones y consignas y para la captación de nuevos miembros. Asimismo, difundían las agresiones cometidas y se jactaban de la realización de sus acciones violentas o la exhibición de armas con el objetivo de obtener mayor reconocimiento por parte de la cúpula del bloque en Madrid y para atemorizar con ello a miembros de otras bandas.
Así, entre las armas que aparecen portadas por miembros de la banda en Sevilla se encontraban machetes de grandes dimensiones, chuchillos tipo catana, e incluso armas de fuego simuladas de gran apariencia real. La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y de la Jefatura de Información.
Además, se ha contado con el apoyo de equipos técnicos como especialistas informáticos y tecnológicos, y dada la peligrosidad con la que habitualmente actúan este tipo de grupos juveniles violentos, la intervención del Grupo de Reserva y Seguridad Número 6 de León (GRS-6) y de la Usecic de Madrid, así como del Servicio Cinológico. La investigación ha sido coordinada por la Fiscalía de Menores de Sevilla y el Juzgado de Menores Número 2 de Sevilla quien decretó el internamiento inmediato en un centro de internamiento de menores.