La Justicia archiva la denuncia interpuesta por el Partido Popular de Bormujos contra el alcalde y secretario general del PSOE bormujero, Francisco Molina, en el caso del «asesoramiento y seguimiento de protocolo covid19 en centros educativos de Bormujos», conocido popularmente como el ‘caso Evartisto’. Además el Juzgado nº 9 de Sevilla dictamina exigir una fianza civil al Grupo Municipal del PP de Bormujos de 3000 euros para poder ser parte en esta causa judicial.
Los socialistas se reafirman en que no hubo delito alguno
«La Justicia nos ha dado la razón y se demuestra con ello que no hubo delito. Solo se ha querido ensuciar, por parte del PP, la labor del equipo de Gobierno y obstaculizar las tareas administrativas» afirma el alcalde de Bormujos. Los socialistas recalcan que la portavoz del PP, Lola Romero, y su grupo solo ha querido dejar mal la labor municipal del PSOE.
Además, el grupo socialista solicita al Partido Popular una rectificación y disculpas públicas por la denuncia contra el alcalde de Bormujos.
En este sentido, estos hechos se remontan, en plena pandemia Covid, al contrato menor gestionado desde el Ayuntamiento de Bormujos para llevar a cabo el asesoramiento y seguimiento de protocolo Covid-19 en los centros educativos de Bormujos. El objetivo era asegurar que la comunidad educativa del municipio siguiera los procedimientos de actuación contra la Covid y se contrató a una empresa, que se ocupaba de estas labores. Así, por parte de la Junta de Andalucía estas competencias no se implementaron.
En cuanto al procedimiento municipal, el propio interventor municipal declaró en el juicio que no se solicitaba la escritura de constitución de la empresa, dado que era un contrato menor. Dicho contrato contaba con el informe favorable de la secretaria municipal, sin el cual no se podría haber gestionado esta contratación.