El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Bormujos, Rafael Díaz (PSOE) ha defendido su gestión de gobierno durante un pleno extraordinario convocado por el grupo municipal socialista ante las críticas y acusaciones de la oposición durante las últimas semanas. Sin embargo, tanto PP, como Cs y Vox se han ausentado del pleno.
Díaz ha presentado durante el pleno un informe del interventor municipal con el «primer reparo de facturas por legalidad en seis años de gobierno», que corresponde al que ya es su exsocio de gobierno, Manuel Romero, portavoz de Ciudadanos y entonces delegado de Ciudadanía Consciente. Este reparo corresponde al contrato de las patrullas informativas «chalecos rosas» que durante la desescalada informaron a los comercios locales sobre los protocolos de seguridad frente al coronavirus. Un gasto de 42.926,69 euros según figura en el informe de intervención al que ha accedido AljarafeDigital.
El escrito de intervención desarrolla que esa cantidad de gasto se ha asignado «sin que exista el correspondiente procedimiento de contratación por superarse los límites cuantitativos recogidos en el artículo 118.1 de la Ley de Contrato del Sector Público. Ante este informe de reparo, Rafael Díaz ha anunciado que se «está estudiando el contenido» a efectos de la «posible interposición de la correspondiente denuncia penal por posibles delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación, entre otros».
Defensa ante la incompatibilidad de contratos
El pleno extraordinario celebrado este viernes fue convocado ante las acusaciones del Partido Popular al edil de Hacienda de Bormujos por orquestar supuestamente desde el Ayuntamiento «un chiringuito al servicio de sus intereses personales y económicos», al haber «representado como gestor fiscal de manera privada a las mismas empresas que él mismo contrataba» desde el Consistorio.
Al no estar «liberado», según ha dicho leyendo el citado informe de la Secretaría General, no le resulta aplicable la regulación contenida en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, «tanto en lo referente a la percepción de retribuciones con cargo a presupuestos públicos, como en lo relativo al desempeño de otras actividades». Así, ha negado cualquier «incompatibilidad» entre su labor pública y su trabajo privado.
Con la «autorización pertinente» de la secretaría general
Además, ha defendido que lleva «30 años» dedicándose al asesoramiento y la gestión empresarial, «fidelizando clientes» durante todo ese tiempo y conformando toda una «cartera» de clientes mucho antes de ostentar acta de concejal en el Ayuntamiento. Así, ha esgrimido que como «colaborador de la Agencia Tributaria» cuenta con la «autorización pertinente» para las «declaraciones ordinarias», que no «regularizaciones», de empresarios o Pymes.
Igualmente, ha defendido su labor de «asesoría fiscal» a sus clientes, «sean o no proveedores» del Ayuntamiento, algo que ya hacía antes de ser edil, según ha dicho, tras lo cual ha asegurado que por incorporarse al Ayuntamiento, las empresas a las que presta servicio no han contado con mayor contratación por parte del Ayuntamiento de Bormujos.
En cuanto a las acusaciones del PP por facturas por valor de más de dos millones de euros y sobre las que según los populares pesan 56 reparos de la Intervención municipal, ha alegado que se trata de «observaciones» de la Intervención, «no reparos formales»; y «en el 95 por ciento» de los casos por la «falta de un trámite de presentación de propuesta de gasto, pero no por omisión de un trámite esencial».