El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Coria del Río, que indaga el presunto desfalco de más de 3,7 millones de euros en las cuentas de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, ha ordenado la apertura de juicio oral contra el extesorero de dicha entidad Julio Mateos, el exconcejal del PSOE y otrora presidente de la misma Ismael Antonio Perea; Juan Carlos Navarro como apoderado del bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación y Manuel Lópes Sequera como gerente de una empresa proveedora de la junta, según un auto emitido el pasado 28 de abril, avanzado por Diario de Sevilla y recogido por Europa Press.
En este auto, el juzgado atribuye a Julio Mateos e Ismael Perea sendos presuntos delitos continuados de apropiación indebida en calidad de autores, achacando a los dos restantes acusados el mismo delito pero en calidad de cómplices. Además, el juzgado ordena la apertura de juicio oral como eventuales responsables civiles subsidiarios contra las entidades Asema Grupo Empresarial, Torrens Abogados, MLS 2011 y Caixabank, solicitando una fianza de casi 2,9 millones a la primera de ellas.
Del mismo modo, reclama una fianza de casi 2,9 millones de euros a Julio Mateos, de 410.260 euros a Ismael Perea, de 247.553 euros a Juan Carlos Navarro, -243.553 euros de los mismos conjunta y solidariamente con Julio Mateos-; y de 137.473 euros a Manuel López.
El desfalco de Almensilla
A mediados de mayo de 2015, Julio Mateos confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la junta de compensación, aprovisionada con aportaciones de los parcelistas para acometer la urbanización del sector F y la dotación de servicios básicos en la zona, unas obras aún muy lejos de estar completas. Tras confesar tal extremo, Julio Mateos huyó a la República Dominicana, siendo finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016.
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Según la Policía Nacional, Julio Mateos, «prevaliéndose de su posición (de tesorero de la junta de compensación del Sector F), se fue apropiando de cuantiosas sumas de dinero» desde 2006. Los investigadores, en ese sentido, calculan que el desfalco total podría ascender a más de 3.706.718 euros, «con un número de afectados que rondaría en torno a las 600 familias».
En ese sentido, el auto de procedimiento abreviado del Juzgado mixto número uno de Coria, recogido por Europa Press, detalla que «durante el periodo de tiempo en que Julio Mateos ostentó el cargo de tesorero de la junta de compensación, prevaliéndose de su cargo y de la confianza depositada en él por los parcelistas, al estar autorizado en las cuentas en las que la entidad era titular y guiado con el ánimo de enriquecerse, se apropió o desvió cuantiosas sumas de dinero mediante cheques con cargo a la cuenta de la junta de compensación, incorporándolo a su propio patrimonio».
Según el auto, Julio Mateos se habría hecho con 1,63 millones de euros a través de la entidad Asema, una asesoría económica de la que era apoderado desde 2002, «y en su propio nombre percibió cheques por importe de 282.102 euros, siendo consciente que no realizaba ningún trabajo remunerado para la junta de compensación», que afrontaba el citado proyecto de instalación de dotaciones básicas en el entorno de parcelas del sector F.
El papel de Ismael Perea
En cuanto a Ismael Antonio Perea, exconcejal socialista de Almensilla, presidente de la junta de compensación durante varios años y otrora director del Consorcio Fernando de los Ríos, señala la juez que «prevaliéndose de su cargo y al estar asimismo autorizado en las cuentas de la junta de compensación, retiró cheques al portador por importe de 301.695 euros«, toda vez que la instrucción ha revelado «un gran desfase entre los fondos retirados y los aplicados al pago de facturas a proveedores, en concreto con una diferencia total de 156.766 euros, cantidad que con ánimo de ilícito enriquecimiento retiró Ismael Perea para fines personales, actuando de común acuerdo con el tesorero de la entidad«.
El auto incide también especialmente en la figura de Juan Carlos Navarro, apoderado de la empresa Torrens Abogados SLP, bufete encargado del asesoramiento jurídico de la junta de compensación.
El apoderado de Torrens Abogados, según este auto, estaba «vinculado a Julio Mateos en multitud de sociedades» y de 2010 a 2015 «retiró cheques extendidos de forma nominativa» en favor de su persona por importe de 91.477 euros, «a pesar de que por sus trabajos presentó tres facturas por importe de 2.060 euros por los ejercicios 2008 y 2009, 2.369 euros por el ejercicio 2010 y 2.369 euros por el ejercicio 2.011, sin que ningún trabajo adicional justifique el total cobrado mediante cheques nominativos, cantidad de la que se apropió con ánimo de enriquecimiento ilícito«.
Además, el auto detalla que «en connivencia con Julio Mateos Palacios, en numerosas ocasiones cobró cheques en nombre propio y como apoderado de Torrens Abogados, por cantidad de 313.775 euros, contribuyendo de este modo a que Asema obtuviere en su propio beneficio fondos procedentes de la junta de compensación«, pues habría derivado tales fondos a la cuenta de Asema, una entidad controlada por el extesorero.
También señala el auto a Manuel López, gerente de la empresa MLS 2011, proveedora de la junta de compensación. Y es que «en connivencia con Julio Mateos, cobró cheques nominativos con cargo a la cuenta bancaria de la junta de compensación, por importe que posteriormente reingresó en la cuenta bancaria titularidad de Asema», que gracias a estas operaciones obtuvo 103.105 euros más de la cuenta de la junta de compensación.
La Fiscalía ha solicitado para Julio Mateos una pena de seis años de prisión y una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros -con responsabilidad civil subsidiaria en caso de impago- por un delito continuado de apropiación indebida, y para Ismael Perea solicita una pena de cuatro años y medio de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de 20 euros por otro delito continuado de apropiación indebida.