El Ayuntamiento de Valencina de la Concepción tiene fijado para las 9,30 horas de este lunes el pleno extraordinario y urgente solicitado por el PP en torno a la situación de la concejal no adscrita Susana Martín, expulsada de Ciudadanos por apoyar la reelección del socialista Antonio Manuel Suárez como alcalde supuestamente sin autorización del partido y después cogobernar junto al PSOE, merced a un informe de la Secretaría General del Consistorio relativo a la nueva doctrina del Tribunal Supremo respecto a los ediles no adscritos.
Así figura en la convocatoria del pleno, recogida por Europa Press y que detalla que la sesión se celebrará por vía telemática, con un total de tres puntos a debatir propuestos por el PP como grupo promotor del pleno.
Recordemos que las elecciones municipales de 2019 arrojaron en Valencina un empate a 1.580 votos entre las candidaturas del PP y del PSOE, tras lo cual los populares se alzaron con el acta de concejal en liza al caer a su favor la moneda lanzada al aire para resolver la situación, consiguiendo así seis ediles frente a cinco del PSOE.
No obstante, el socialista Antonio Manuel Suárez logró revalidar la Alcaldía frente al candidato popular Ramón Peña, al apoyar a la candidatura del PSOE la edil de Ciudadanos y la concejal de Adelante, quienes finalmente conformaron un gobierno de coalición con el PSOE.
La maniobra motivó que el partido naranja expulsase de sus filas a la citada concejal, Susana Martín, al haber apoyado al PSOE y formar gobierno con dicho partido supuestamente sin autorización de la formación naranja, continuando Martín como edil no adscrita y miembro del Gobierno local. En concreto, Martín ostenta la Cuarta Tenencia de Alcaldía y las competencias municipales de Educación, Participación Ciudadana , Transparencia, Convivencia, Ciudadanía y Ordenación del Tráfico.
La doctrina del Supremo
Al respecto, el PP señala la sentencia emitida en octubre de 2020 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, fijando como doctrina que el pase a la condición de concejal no adscrito, «como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas».
Merced a dicha doctrina del Supremo, según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencina y diputado provincial, Ramón Peña, «el secretario del Ayuntamiento emitió un informe certificando la ilegalidad de la contratación de la tránsfuga y solicitando al alcalde que la expulsara de manera inmediata del Gobierno municipal».
El alcalde, de su lado, asegura que el citado informe «no resuelve la expulsión directa» de esta edil del Gobierno local, tratándose de «un procedimiento que actualmente sigue su curso y que deberá ser refrendado por el pleno, que es el órgano competente en dicha tramitación».
La concejal se defiende
Susana Martín, de su lado, ha dicho a Europa Press que el mencionado informe no detecta «causa de nulidad» de su nombramiento como concejal con competencias de gobierno, descartando que su situación implique una «ilegalidad» y opinando que el PP está promoviendo un «juicio político» en su contra. Igualmente, ha defendido que cuando apoyó la candidatura del PSOE en la sesión de investidura de 2019, la directriz con la que contaba por parte de Ciudadanos descartaba «líneas rojas en los municipios pequeños», además de que las asambleas locales gozan de «poder» a la hora de los pactos municipales. «No me he saltado ninguna norma», asegura.
En ese contexto, el orden del día del pleno extraordinario promovido por el PP cuenta con tres puntos, en demanda del cese de Susana Martín en sus cargos de gobierno, que se admita la revisión de oficio impulsada por el PP respecto a los actos mediante los cuales esta concejal goza de un régimen de dedicación parcial del 75 por ciento y por tanto cuenta con retribución municipal, al objeto de reclamar el reingreso de los emolumentos cobrados; y elevar todo el asunto a la Fiscalía Especial contra la Anticorrupción y la Criminalidad Organizada, «por si lo hechos fuesen constitutivos de infracción criminal».