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El exconcejal socialista, ex director del consorcio público Fernando de los Ríos y expresidente de la junta de compensación del Sector F de Almensilla Ismael Perea ha comunicado a la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, su decisión de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo (TS) la sentencia de dicha instancia que le condena a dos años y un mes de prisión por el desfalco millonario en las cuentas de la entidad.
En un escrito elevado a dicha instancia, la defensa de Ismael Perea anuncia la interposición de su recurso de casación contra dicha sentencia condenatoria «por infracción de precepto constitucional en relación al derecho a la presunción de inocencia»; considerando que le condenaron «sin prueba de cargo suficiente, basando la condena en una serie de indicios que no son indubitados, y a través de una serie de inferencias excesivamente abiertas como para establecer las conclusiones de la sentencia, prescindiendo de la valoración y toma en consideración de las pruebas de descargo del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva».
En la sentencia, el tribunal condena a quien fuera tesorero de dicha junta de compensación entre los años 2006 y 2015, Julio Mateos, y le impone tres años de prisión y el pago de una multa de 3.525 euros como autor de un delito continuado de apropiación indebida con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Asimismo, condena al segundo de los acusados y ahora recurrente, Ismael Perea, ex edil del PSOE y que fue presidente de dicha junta de compensación entre 2008 y 2012, a dos años y un mes de cárcel y el pago de una multa de 2.700 euros por el mismo delito con la referida atenuante.
Indemnizaciones
En concepto de responsabilidad civil, ambos acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria a la junta de compensación del Sector F de Almensilla con 1.368.295,96 euros por los perjuicios ocasionados, mientras que el que fuera tesorero también deberá indemnizar a la misma en la cantidad de 40.942,04 euros por los perjuicios ocasionados a consecuencia de una serie de cheques emitidos «con su sola firma», «cobrados por él mismo».
El tribunal absuelve al tercero de los acusados, el apoderado de Torrens Abogados Juan Carlos Navarro, «con el que compartía una relación empresarial y de amistad», para «enmascarar» los actos de éste último y «desfalcar» los fondos; ya que la Audiencia entiende que, «dejando al margen la declaración del coacusado Julio Mateos, no existe prueba directa que lo incrimine»; pues «algunos de los testigos no lo conocían y la gran mayoría solo lo vinculaba por un informe/auditoría que el mismo elaboró» para la junta de compensación.
En sus conclusiones finales, la Fiscalía reclamaba para Julio Mateos tres años y seis meses menos un día de cárcel, así como una multa de 5.380 euros; para Ismael Perea dos años y medio de prisión y una multa de 4.180 euros y para Navarro nueve meses de cárcel y una multa de 1.800 euros. Los magistrados relatan en su sentencia que la junta de compensación firmó con una entidad bancaria un contrato de cuenta corriente, siendo el presidente y el tesorero los únicos autorizados con su firma; recordando que el 27 de mayo de 2015, el entonces tesorero remitió un correo electrónico al presidente y al secretario, reconociendo haberse apropiado de dinero.
La huida a República Dominicana
Inmediatamente después, huyó a la República Dominicana, hasta que lo detuvieron y encarcelaron en agosto de 2016; puesto en libertad provisional en mayo de 2019. En el juicio, celebrado la primavera de 2024, Julio Mateos Palacios reconoció directamente los hechos; tras lo cual manifestó que lamenta lo sucedido y el hecho de haber «jodido» al Sector F y a los parcelistas que lo componen. «Evidentemente, es culpa mía», enfatizaba Mateos, asegurando que le «gustaría poder hacer un retorno» del dinero desfalcado y perteneciente al colectivo de propietarios, pero él ha «perdido todo lo que tenía».
«Yo lo he perdido todo», aseguraba, señalando a los dos restantes acusados, Ismael Perea como otrora presidente de la entidad y el apoderado de la empresa Torrens Abogados Juan Carlos Navarro, para invitarles a que admitiesen también los hechos y compensasen en lo que «puedan» el agujero económico dejado al colectivo de parcelistas, que entonces aprovisionaba dinero para acometer las obras de urbanización de la zona de chalés que constituye el Sector F y dotarla de suministros públicos como agua corriente, electricidad o gas.
«Aprovechando» sus cargos
En ese marco, el tribunal considera probado en su sentencia que los dos condenados, «aprovechando su condición de tesorero y presidente, respectivamente, y únicos autorizados con su firma para disponer mediante cheques de los fondos de la junta de compensación del Sector F de Almensilla, con la única finalidad de enriquecerse injustamente, detrajeron fondos de la cuenta bancaria de la que era titular aquella entidad».
El tribunal precisa que «la prueba de cargo respecto al delito de apropiación indebida no descansa en exclusiva en las explícitas declaraciones al respecto del coacusado (Julio Mateos), pues dichas manifestaciones aparecen perfectamente corroboradas y constatadas por otras pruebas de carácter objetivo que (…) evidencian que entre ambos existió un concierto previo para enriquecerse económicamente de manera injusta y, por supuesto, injustificada, a costa de los fondos de la junta de compensación».
«Por codicia personal»
El tribunal señala así, «la actuación delictiva» de los dos condenados, que «de manera egoísta y movidos por su codicia personal, se apropiaron de importantes cantidades de dinero aprovechándose de la ausencia de métodos de control, así como de la buena fe y desconocimiento de los comuneros y la confianza depositada en ellos por los propios copropietarios».