El Juzgado de lo Penal número ocho de Sevilla celebrará este miércoles el juicio contra los exalcaldes socialistas de La Puebla del Río, Julio Álvarez González, y de Benacazón, Juana María Carmona. Ambos están acusados de un presunto delito de prevaricación administrativa, relacionado con la contratación de un exconcejal del PSOE en la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir sin seguir el procedimiento legalmente establecido. En el momento de los hechos, Álvarez presidía la mancomunidad.
Inicialmente, la vista estaba programada para marzo de 2022 en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, se suspendió debido a un conflicto de competencias. Dado que los hechos presuntamente ocurrieron en 2009, regía entonces una versión previa del Código Penal, con penas que asignaban la causa a un juzgado de lo Penal en lugar de la Audiencia. Finalmente, la nueva fecha ha sido fijada para el 5 de marzo de este año.
Una contratación irregular en 2009
De acuerdo con el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a junio de 2009. En ese entonces, Julio Álvarez González lideraba la Mancomunidad de Residuos del Guadalquivir y Juana María Carmona ocupaba la Alcaldía de Benacazón.
Según la Fiscalía, Álvarez González habría contratado a Daniel P.S. como peón de recogida de basuras en la mancomunidad, tras la propuesta previa de Carmona y sin seguir el proceso administrativo reglamentario. No se convocó un proceso selectivo y tampoco se respetó el orden de méritos de la bolsa de empleo temporal, donde el contratado figuraba en el puesto 21.
Consecuencias políticas
Izquierda Unida, que llevó el caso ante la justicia, sostiene que Daniel P.S. era exconcejal del PSOE. En el anterior mandato municipal, IU cogobernaba Benacazón junto a Carmona y utilizó este procedimiento judicial como argumento para presentar en 2021 una moción de censura junto al PP y Cs. Como resultado, el popular Pedro Oropesa asumió la Alcaldía en coalición con IU.
Por su parte, Juana María Carmona se ha defendido alegando que no tuvo ninguna responsabilidad en la contratación de personal fuera del Ayuntamiento de Benacazón, institución que dirigió hasta su destitución tras la moción de censura en verano de 2021.
Petición de inhabilitación
El Ministerio Público sostiene que los hechos constituyen un delito de prevaricación administrativa, imputando a Julio Álvarez González como autor y a Juana María Carmona como inductora. En consecuencia, solicita para ambos una pena de 12 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Cabe recordar que Álvarez González ya fue condenado en 2011 por malversación de caudales públicos, tras haberse demostrado que utilizó el teléfono móvil del Ayuntamiento de La Puebla del Río para realizar llamadas privadas a una misma persona y a líneas de contenido erótico, con un gasto total de 6.098 euros.