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La Audiencia de Sevilla tiene fijado para los días 10 y 11 de este mes, el juicio promovido contra el ex alcalde popular de Espartinas Domingo Salado, el exgerente de la sociedad municipal Espartinas Desarrollo Local SA (Esdelsa) Juan Antonio Torrecillas y la esposa de este último, por las adjudicaciones municipales a la sociedad limitada Da Fra Espartinas, administrada por la cónyuge de Torrecillas.
Domingo Salado, recordémoslo, abandonó en 2018 las filas del PP por «discrepancias» con la designación de la concejal María Elena Romero como candidata a la Alcaldía; liderando un partido independiente hasta que a comienzos de 2023, firmó un acuerdo con el PP para apoyar a Romero, actual portavoz municipal del partido.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, se detalla que en diciembre de 2006, Juan Antonio Torrecillas, gerente de las empresas municipales Espartinas Desarrollo Local SA y Espartinas Global SA; y su esposa, identificada como F.R., constituyeron como administradores solidarios la empresa Da Francesca Ruggiero, para la explotación de establecimientos de hostelería.
Ya a finales de febrero de 2011, según la Fiscalía, el pleno del Ayuntamiento de Espartinas, con el entonces alcalde popular Domingo Salado al frente de la gestión, aprobó el expediente de contratación y los pliegos de la licitación destinada a encargar a una empresa externa una concesión privativa para la explotación del restaurante ubicado en el parque del Sol de esta localidad aljarafeña, tras lo cual en marzo de ese año, apenas una semana después de dicho acuerdo plenario, la esposa de Juan Antonio Torrecillas creó la sociedad Da Fra Espartinas, con un objeto social dedicado a la explotación de negocios hosteleros.
En ese sentido, la Fiscalía explica que en agosto de 2011, el pleno del Ayuntamiento de Espartinas, gobernado entonces por el PP por mayoría absoluta, aprobó adjudicar a la empresa de la mujer del gerente de las citadas sociedades municipales la explotación del restaurante del parque del Sol, con la obligación de rendir un canon anual de 28.000 euros a las arcas municipales; marco en el que los tres acusados, siempre supuestamente, «con la intención de obtener un mayor rendimiento económico del restaurante» en favor de la empresa Da Fra, administrada por la esposa del gerente de las sociedades municipales; «idearon que el mantenimiento del parque fuera adjudicado» también a Da Fra, incluso cuando tal tarea estaba ya encomendada a la entidad municipal Espartinas Global, gestionada por Torrecillas.
«Un precio muy similar al canon»
Mediante la operación, según el Ministerio Público, el Ayuntamiento pagaría a la empresa Da Fra por el mantenimiento del parque del Sol «un precio muy similar al canon» que la entidad debía abonar al Consistorio por la concesión municipal mediante la cual explotaba el restaurante de dicha zona verde.
De este modo, en febrero de 2012, Domingo Salado como alcalde emitió una resolución aprobando el expediente de contratación de los servicios de mantenimiento del parque del Sol, que estaban encargados a Espartinas Global, siendo invitadas a la licitación la empresa Da Fra y dos sociedades más, si bien la Fiscalía precisa que el papel de estas dos últimas entidades era «meramente aparente», pues sus responsables no tenían «intención real» de pujar por el contrato, sino que los acusados habrían «pedido su intervención para dar apariencia de legalidad al procedimiento».
La Fiscalía incluso detalla que el entonces gerente de las empresas municipales y su esposa fueron quienes elaboraron supuestamente la documentación correspondiente a una de estas empresas ajenas a ellos, «fingiendo e imitando las firmas» de los auténticos responsables de tal sociedad anónima.
Finalmente, tan sólo Da Fra presentó oferta para hacerse con el contrato, según precisa el Ministerio Público, avisando de que después el secretario general del Ayuntamiento informó al alcalde de que la propuesta de la empresa de la esposa del gerente de las sociedades municipales incurría en «deficiencias en la documentación relativas al aval», con lo que según este alto funcionario habilitado nacional, «debía entenderse que Da Fra había retirado su oferta y procedía invitar a nuevas empresas».
El aviso del secretario municipal
Es más, según la Fiscalía, semanas más tarde, el secretario general del Ayuntamiento informó en contra de la documentación alegada por Da Fra para subsanar las «deficiencias» en su aval, insistiendo este funcionario en que «lo que procedía era no adjudicar el contrato e invitar a otras empresas».
Pese a ello, según el escrito de acusación de la Fiscalía, «el alcalde dictó resolución ordenando continuar con el expediente de adjudicación» y el 17 de abril de 2012, él mismo dictó un decreto formalizando la adjudicación del contrato de mantenimiento del parque del Sol en favor de Da Fra, con un coste de 27.140 euros anuales para las arcas municipales, cuantía que «se diferenciaba muy poco del canon» que debía abonar esta empresa al Consistorio por explotar el restaurante de dicho parque.
De todos modos, según la Fiscalía, un informe de mayo de 2014 emitido por la interventora del Ayuntamiento reflejaba que Da Fra «no había cumplido» con el pago del canon del restaurante; pesando que en julio de ese año, Domingo Salado como alcalde autorizó prorrogar el contrato adjudicado a Da Fra para el mantenimiento del parque pese a que esta alta funcionaria había emitido un informe en contra porque la esposa de Torrecillas había pedido dicha prórroga una vez ya cumplido el plazo.
«Por cercanía personal» con el alcalde
«Todas estas resoluciones destinadas al enriquecimiento y beneficio de los acusados» Juan Antonio Torrecillas y su esposa F.R., según la Fiscalía, «se obtuvieron por su cercanía personal con el alcalde».
Así, el Ministerio Público aprecia un presunto delito de prevaricación atribuido a Domingo Salado y dos delitos de tráfico de influencias y un delito de falsedad documental que achaca a Juan Antonio Torrecillas y su mujer, reclamando ocho años de inhabilitación especial para el exalcalde y para cada uno de los dos restantes inculpados, cuatro años de prisión en cada acaso y multas que suman 37.700 euros.