El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, han informado al alcalde de Salteras, y otros tres municipios de los «avances» cosechados en la tramitación de las autorizaciones solicitadas por la empresa Cobre las Cruces, perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum y que explota la mina a cielo abierto del ámbito de tales municipios, para su nuevo proyecto de explotación subterránea destinado a la extracción de cinc, cobre, plata y plomo.
Según ha expresado en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, estos avances buscan «dotar de garantía legal y ambiental el futuro proyecto de ampliación de la mina y,
por ende, asegurar la empleabilidad de los vecinos de la comarca».
Dicho proyecto deriva del agotamiento de la veta de cobre explotada por la empresa durante los últimos años. El agotamiento de dicha veta, en ese sentido, se tradujo ya en un expediente de regulación de empleo (ERE) acordado entre la empresa y los representantes de la plantilla, con el despido de 68 empleados de un total de 235, para ajustar la misma a la situación del complejo minero.
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El subdelegado ha aclarado que a pesar de que la CHG es un órgano sectorial en materia de minas, colabora con la Junta de Andalucía, órgano responsable, agilizando los trámites solicitados por esta.
La empresa promueve un proyecto para recuperar cobre de la escombrera norte de su recinto minero, lo que permitirá continuar las actividades durante un año y medio o dos años más; si bien esta actividad implica menos carga de trabajo al no ser necesarios tratamientos de mineral como el correspondiente a la trituración ni otras operaciones asociadas.
El proyecto de explotación subterránea
Además, Cobre las Cruces tiene solicitados permisos a la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), para un nuevo proyecto de explotación subterránea destinado a la extracción de cinc, cobre, plata y plomo, si bien esta iniciativa está planeada con visos a su inicio más adelante. Precisamente sobre los permisos solicitados para este último proyecto ha girado la reunión entre el Subdelegado del Gobierno, el presidente de la CHG y el alcalde de Salteras, además de los de los municipios de Gerena, Guillena y La Algaba.
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Según han explicado, la autorización del nuevo proyecto pasa indispensablemente por la tramitación de una nueva concesión de aguas, que solo puede obtenerse una vez superado el artículo de una directiva europea que permite desviar temporalmente los objetivos del Plan Hidrológico respecto a los niveles piezométricos en las masas de aguas subterráneas afectadas, las de Gerena y Guillena-Cantillana.
Tramitación ante la Junta
Este procedimiento, promovido por la Junta de Andalucía, ha sido sustentando sobre una Declaración de Interés Público Superior (IPS) a la mina por la administración autonómica, conforme a aspectos clave de carácter social, económico y ambiental que justifican el incumplimiento de los objetivos ambientales de la masa previstos en la Planificación Hidrológica.
Siguiendo estos principios, la CHG ha desarrollado la tramitación del nuevo régimen excepcional de autorización «con las máximas garantías legislativas», según ha explicado el subdelegado. Una vez aportada por la empresa toda la documentación y declarado el interés público superior por la Administración autonómica, «se sometió a información pública durante tres meses, dos más de lo que solicitaba la Junta de Andalucía», cosechando finalmente dicho régimen excepcional un dictamen favorable por la CHG el pasado mes de marzo.
Una vez realizado este trámite y solicitada su incorporación al Plan Hidrológico de cuenca, la CHG ya puede continuar con el proceso concesional de aguas públicas necesario para el proyecto, «con total garantía de protección al dominio público hidráulico», según el Gobierno, que precisa que la iniciativa necesita además una modificación de la autorización de su Sistema de Drenaje-Reinyección (SDR), para un mayor volumen circulante y el incremento de la red de seguimiento.
En este sentido, la CHG está comprobando la adecuación de la documentación existente en el expediente de la modificación de la autorización, que será sometida a información pública, para finalmente, si procede, otorgar dicha modificación.